Se ha confirmado el temor de muchos: los extremos políticos han proliferado en el nuevo consejo constitucional, mientras que las fuerzas moderadas han disminuido.
Los Republicanos son la mayor fuerza en el consejo constitucional y tienen derecho a veto sobre las distintas propuestas constitucionales. Aunque hay fuerzas moderadas en la centro derecha que podrían empujar a los Republicanos a des-extremizarse, la ausencia de una centro izquierda que haga lo mismo en paralelo crea un juego del prisionero en el que es probable que los extremos se extremen aún más.
La izquierda no tiene capacidad de veto y todas sus propuestas deben contar con el apoyo de los Republicanos. Frente a esta imposibilidad, los incentivos para la izquierda están en asegurar a sus propios votantes, generando propuestas que solo potencian sus ideas identitarias. Esto hará que los Republicanos profundicen su nativismo, dado que no pueden quedar impávidos frente a propuestas que repiten las ideas de la fracasada convención anterior. La existencia de extremos sin capacidad de influir solo puede acentuar el extremismo en ambos bandos.
En un ambiente extremo, existe un peligro real de que nuestras libertades más básicas se vean amenazadas. Las limitaciones a la libertad de expresión, las libertades civiles y las libertades económicas pueden verse fuertemente restringidas si se establecen, por ejemplo, el orden, la seguridad y la tradición como principios constitucionales que este sobre el resto de las normas.
Así podemos terminar con una constitución liberticida. Pero el peligro no radica solo en las posturas extremistas, sino también en la polarización de los actores, lo que dificultaría aún más cerrar las brechas de legitimidad en nuestras instituciones.
La polarización puede llevar a la erosión de las instituciones democráticas y a la pérdida de confianza en el proceso político. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus líderes y en las instituciones que representan sus intereses, es más probable que se sientan desilusionados y apáticos hacia la política. Esto puede llevar a una disminución de la participación ciudadana en el proceso democrático, lo que es clave para poder encadenar al Leviatan del estado y su poder desmesurado.
Por otra parte, la polarización afecta la forma en que se practica la política. El proceso constitucional anterior comenzó con altos niveles de legitimidad, pero los convencionales lo perdieron debido a su comportamiento. El actual proceso podría partir con bajos niveles de legitimidad y recuperarla durante su desarrollo, pero esto parece un sueño lejano si los temores de la polarización se hacen reales. La falta de diálogo podría entenderse como una falta de interés por los problemas reales de las personas.
Así, si se rechaza el proceso constitucional es cierto que no tendremos una carta magna liberticida, pero la falta de legitimidad de las instituciones políticas podría llevarnos a un marco de inestabilidad política que, a medio plazo, podría dar lugar a populistas y dictadores que, con sus agendas, impondrían nuevas limitaciones a nuestras libertades, tanto económicas como individuales.
El desafío para los pocos grupos moderados que se encuentran en el consejo constitucional será romper con sus tribus de origen y formar una alianza por las libertades, que, aunque sea de manera coyuntural, pueda asegurar la presión por elementos esenciales que no se encuentran en las bases institucionales y así avanzar en una propuesta constitucional que sea aprobable por todos los sectores. Pero quizás esto es pedir demasiado.
Tanto una propuesta constitucional liberticida como un escenario deslegitimado podrían llevarnos a situaciones en las que nuestras libertades estén en peligro de extinción. Frente a este escenario es necesario que las organizaciones de la sociedad civil que creemos en todas las libertades apoyemos a los grupos moderados y tratemos de ser un actor que nos permita conservar nuestras libertades más básicas.